La APDH adhiere a la Marcha Federal Educativa
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación ante la forma en que se está llevando adelante la acción estatal frente al conflicto docente en el país.
En primer lugar, recalcamos que el Estado nacional debe intervenir en la solución del conflicto, siguiendo lo estipulado por la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. Si bien es cierto que nuestra república asume el carácter federal, el responsable último y el garante final de cada uno de los derechos humanos consagrados por nuestra constitución ante la comunidad internacional es el Estado nacional.
Expresamos a la comunidad en general la preocupación frente a la forma en que se presenta el conflicto, que va en contra de una visión integral de los derechos humanos. Los derechos de los y las docentes son parte del derecho a la educación de la población y no están enfrentados a él, como se pretende transmitir al descalificar el derecho a huelga. La garantía de las condiciones dignas de enseñanza es parte de la garantía del derecho de aprender.
En este sentido, resaltamos que el derecho a huelga es un derecho constitucional, refrendado además por la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. Pretender ejercer una medida punitiva económica o simbólica contra las personas que ejercen su legítimo derecho y utilizar las fuerzas de seguridad para investigar quiénes adhieren o no a una medida gremial, implica a su vez una acto discriminatorio por motivos ideológicos y/o condición política, de acuerdo con nuestra ley nacional de actos discriminatorios.
Invitamos a las autoridades nacionales y de cada una de las jurisdicciones de nuestro país a revisar los compromisos jurídicos internacionales y locales asumidos y recordamos que los derechos humanos tienen un carácter progresivo: es ilegal desconocer derechos adquiridos.
22/03/2017