La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su rechazo a la decisión unilateral de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional - conocida a través de la resolución 392 del 2019 en el Boletín oficial - consistente en la cesión de los edificios 7 y 8 del Complejo Unidad Turística Chapadmalal a la Gendarmería Nacional para la organización de un Centro de Formación de la Fuerza.
Dicha cesión es contraria a la normativa vigente puesto que el predio fue declarado Monumento Histórico Nacional por decreto 784 de fecha 26 de junio del 2013, por lo cual la reciente resolución de la Agencia violenta la ley 12.655 cuyo artículo 5º dispone que los bienes protegidos no pueden cambiar su estatus jurídico sin previo dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos de lugares y de bienes históricos.
Este avance del Ministerio de Seguridad de la Nación, entregando tierras y predios a fuerzas de seguridad, vuelve a poner en el centro del debate la prioridad que el Gobierno Nacional otorga al fortalecimiento de las políticas represivas por encima de las políticas sociales y las destinadas a la población de menores recursos, en particular a niños, niñas y adolescentes.
Los inmuebles del complejo turístico de Chapadmalal han realizado históricamente una importante tarea en el derecho a la recreación, al uso del tiempo libre, y al bienestar en general de una parte importante de la población.
La obligación del Estado Nacional en el área de deportes, de turismo y de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras reparticiones gubernamentales, debiera estar orientada a lograr el reciclado de los viejos edificios, habilitar su uso durante la mayor cantidad de meses del año, en especial durante los meses de vacaciones de verano y de invierno, a fin de que puedan ser utilizados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores populares y en lo posible del conjunto de la población.
Consideramos que esta decisión deberá ser revisada de forma inmediata por las autoridades que resulten del próximo proceso electoral, por lo cual urgimos a las y los legisladores nacionales de los bloques legislativos a generar las acciones necesarias para lograrlo a través de los mecanismos parlamentarios que lleven a la derogación de la resolución objeto de la presente.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
30 de septiembre de 2019