La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su rechazo a la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para asistir a los efectivos policiales.
La iniciativa publicada en el Boletín Oficial es absolutamente improcedente toda vez que quienes integran las fuerzas de seguridad cuentan con los mismos derechos humanos que todas las personas, y en tanto son agentes públicos deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas con quienes interactúan, sin excepción alguna. Por ello no resulta necesaria la creación de la repartición anunciada.
No desconocemos que los policías pueden resultar víctimas de delitos. En ese caso debe funcionar sin privilegios el sistema penal –al igual que para toda la sociedad-, lo que también desaconseja la creación del organismo anunciado.
No obstante ello, la APDH entiende que la propuesta del gobierno nacional no es ingenua y que su verdadero interés radica en montar un sistema de protección que garantice la impunidad para el personal policial que viole la ley, lo que resulta absolutamente repudiable.
La protección que sí necesitan quienes se desempeñan en el ámbito policial es la que lo ampare de las ordenes ilegales que pudiera recibir de las autoridades cuando le ordenan reprimir desproporcionadamente manifestaciones populares o cuando les autorizan a disparar a quien no está generando peligro sobre la vida o integridad de las personas. El policía que en ejercicio de sus funciones violente la ley (el caso del oficial Chocobar es un claro ejemplo) deberá rendir cuentas ante el Poder Judicial sin que pueda eximirse de su responsabilidad invocando el apoyo del gobierno. De ello deviene que, además de innecesaria, la creación del organismo anunciado es una irresponsabilidad de la que la propia policía y la sociedad toda serán sus víctimas.