La APDH Regional San Luis-, comunica que después de casi 30 años de lucha en busca de Justicia, el 10 del corriente mes el Tribunal Oral Federal dictó sentencia en el Tercer Juicio de Lesa Humanidad en la provincia, donde se juzgaba el accionar de los imputados durante la última dictadura cívica militar eclesiástica por sus múltiples delitos, entre ellos, secuestros, torturas y homicidio.
El Tribunal Oral Federal Oral estuvo constituido por los Dres. Julián Falcucci (presidente), Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi, quienes después de darle la oportunidad a los imputados de decir sus últimas palabras, derecho que no utilizaron, y luego de un excesivo cuarto intermedio, de cuatro horas, leyeron la Sentencia condenatoria para el ex juez Federal, Eduardo Allende con una pena de 12 años; para el ex Teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps de 7 años y seis meses; y para el ex médico de la Policía Provincial, Jorge Omar Caram a 6 años, penas absolutamente leves, teniendo en cuenta los delitos por los que fueron imputados con infinitas pruebas y testimonios de las víctimas.
Frente a esto, como Institución querellante en la causa, expresamos decepción y un profundo dolor, ante esta resolución, ya que se había solicitado pena de cadena perpetua para Allende y de 15 años de prisión para Camps y Caram, en concordancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, basada en las numerosas pruebas acumuladas durante años de lucha y los testimonios de las víctimas.
Así mismo expresamos nuestro repudio por la decisión de los jueces, de no disponer el inmediato encarcelamiento de los genocidas, pese a que el fallo dice claramente que la condena es de cumplimiento efectivo, es decir en cárcel común. Se dispuso en cambio, mantener la situación de privilegio hasta que la sentencia quede firme. Consideramos que de esta manera se vuelve a reiterar de facto, una de las formas de la impunidad, la llamada biológica, dado que el tiempo que demanda el tratamiento de las apelaciones en la Corte dura muchos años; y si tenemos en cuenta la edad de los condenados, dudamos que puedan cumplir las condenas en vida.
Otra situación que debemos denunciar es la impunidad que persistentemente se reflejó en las audiencias: el accionar discriminatorio del Tribunal, quienes permitían las requisas a las victimas asistentes a las audiencias, se le retiraban los celulares, mientras se permitió todo tipo de beneficios a los familiares de los imputados hasta sentarse en un espacio cercano a ellos, lo que facilitaba la constante comunicación, en especial al hijo ex juez, actual Fiscal de Estado de la provincia, mientras las victimas estábamos ubicadas detrás de vidrios blindados.
Compartimos el dolor junto a todos los familiares de las víctimas que estuvieron siempre presente en la lucha y lo personalizamos en Don Segundo Ledesma (90 años), a quien en 1976 le entregan su hijo secuestrado, desde la Comisaria Segunda, diciéndole que le daban la libertad y a solo una cuadra lo vuelven a secuestrar quitándoselo de sus manos. Ante su denuncia en la “Justicia”, de la que el ex Juez Allende era el responsable, como única respuesta se da orden de “detención por fuga” cuando seguramente ya había sido asesinado y hasta hoy permanece desaparecido.
Por eso, como siempre recordamos las palabras de Juan Gelman “…la nuestra es la verdad del sufrimiento, la de los asesinos la cobardía del silencio”.
Pese a este accionar judicial en construir un muro de impunidad, siempre se enfrentaran con la decisión de quienes no claudicamos, por más de 40 años en exigir la Memoria, la Justicia y la Verdad.
San Luis, 13 de Mayo de 2019