Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señalamos que las condenas emitidas en el día de ayer 14 de enero de 2019 contra Milagro Sala. Mirta Aizama, Gladys Diaz, Graciela López, Javier Nieva, Raúl Noro, Patricia Cabana, Iván Altamirano, Miguel Sibila, Mirta Guerrero, Maria Condori y otros y otras integrantes de las cooperativas de vivienda de la Red de organizaciones sociales de Jujuy, son una brutal expresión de la persecución política desatada en la provincia a partir de la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015.
Precisamente se cumplen tres años de la detención arbitraria de Milagro Sala como líder del movimiento, en el acampe de protesta social de la Plaza General Belgrano un 16 de enero de 2016.
Desde entonces, a pesar de todos los reclamos nacionales e internacionales, de todas las acciones organizadas por el Comité de solidaridad en reclamo de su libertad y por los organismos de derechos humanos, se fueron sucediendo acciones de hostigamiento, tanto contra las y los detenidos como hacia sus abogados y abogadas. Varias causas judiciales amañadas con argumentos jurídicos inaceptables – como las conocidas como “la causa de los huevos” o “la causa de las bombachas” o la “causa de la balacera de Azopardo” fueron concluyendo vergonzosamente teniendo que reconocerse su improcedencia e incluso absolución de varios de los imputados e imputadas.
En la Causa de los Pibes Villeros, sobre supuestos delitos cometidos en la construcción de viviendas sociales a cargo de las cooperativas de trabajo, se utilizaron prácticas extorsivas hacia varios militantes y testigos, cuyo testimonio hubiera bastado en cualquier otro ámbito democrático para declarar la nulidad del juicio. Las denuncias de estas cuestiones fueron desestimadas, una y otra vez, por un sistema judicial que no vaciló en imponer multas a los y las abogadas defensoras, por cumplir con insistencia y rigurosidad su rol de defensa y de denuncia de las irregularidades detectadas.
A Milagro Sala y a los delegados y delegadas de la Agrupación Tupac Amaru no se los condena por los supuestos delitos imputados. A ellos no se les perdona haber llevado adelante en la provincia de Jujuy un modelo de organización popular con fuerte disciplinamiento interno, con decisiones organizativas y de redistribución de recursos votadas en Asamblea. Una organización que empoderó a los sectores más humildes y excluidos de la provincia y supo ocupar el lugar de alternativa popular frente al poder oligárquico de turno. Una organización que movilizó a la sociedad jujeña por los juicios de la Memoria Verdad y Justicia, poniendo a los directivos de las empresas Ledesma y Minera Aguilar en el banquillo de los acusados en los juicios de lesa humanidad por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de cientos de obreros.
Desde la APDH seguiremos denunciando estos gravísimos niveles de persecución política y judicial hacia luchadores y luchadoras sociales, y reclamando en todos los ámbitos políticos e institucionales tanto nacionales como internacionales, la libertad de Milagro Sala y de todos los y las presas de la Tupac Amaru.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
15 de enero de 2019