La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su profundo dolor y consternación por la muerte de Patricia Solorza, condenada con motivo de un aborto en curso por el cual estaba cumpliendo seis de un total de ocho años de condena.
Su muerte en el contexto de encierro, frente a las difíciles e irregulares condiciones de atención en el sistema carcelario, y esposada a la cama del hospital, nos obliga a repudiar este tipo de situaciones donde se priva de libertad a mujeres pobres con varios hijos e hijas a cargo.
El origen de la condena judicial remite a una de las asignaturas pendientes del sistema democrático, pues la sanción penal por un aborto en curso expresa la falta de una legislación que consagre los derechos de las mujeres y el derecho al aborto legal seguro y gratuito.
Nuevamente el sistema jurídico descarga su peso patriarcal sobre mujeres de los sectores populares. La historia de Patricia es la de las jefas de hogar, madres solas, a las cuales el Estado no les asegura una vida libre de violencias ni el acceso al conjunto de sus derechos.
Por ello sumamos nuestra voz al reclamo por la pronta sanción de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y exigimos la revisión de las causas judiciales que penalizan a las mujeres por este tema.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
9 de agosto de 2019