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Vivimos una situación de particular gravedad por el desarrollo mundial y local de la pandemia COVID 19. Acertadas medidas de emergencia sanitaria tomadas por el gobierno nacional y popular, con el aislamiento social obligatorio y una serie de restricciones de movimiento para evitar el contagio, han preservado numerosas vidas, pero también han paralizado amplias zonas de la producción y el trabajo. La radiografía de nuestra sociedad muestra sus lados más solidarios y activos, como el compromiso de los y las trabajadoras de la salud y de las políticas del cuidado, de la higiene urbana incluso de la seguridad, así como exhibe de manera brutal y evidente la estratificación de la más feroz desigualdad y la marginación de millones de seres humanos.
También hemos visto y denunciado el accionar violento de fuerzas de seguridad provinciales que amparadas o con el pretexto de hacer cumplir la cuarentena y avaladas por sus gobiernos locales algunas de ellas – han cometido delitos graves de violencia institucional que APDH ha denunciado oportunamente.
En este contexto de Aislamiento Social Obligatorio, también se hicieron más visible las situaciones de violencia de género que sufren miles de mujeres en nuestra sociedad. El reclamo de Ni Una Menos y del Movimiento de Mujeres y Disidencias sexuales fue confirmado ampliamente, aquello de que “el lugar más inseguro para las mujeres es su propia casa” por la persistencia, sino ampliación, de los femicidios y el aumento relevante de las llamadas de ayuda y de consulta a las líneas telefónicas nacionales y locales se extiende por todo el país.
La Secretaria de Derechos de las Mujeres, Género y Diversidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) después de analizar las realidades acuciantes de todo el país y reconociendo que las múltiples violencias que sufren las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el colectivo LGBTTIQ forman parte de un complejo problema estructural que debe ser abordado de manera integral y enmarcado en políticas públicas de erradicación de las profundas desigualdades existentes, coincide en la necesidad de que los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, otorguen prioridad a las políticas y programas en materia de violencia de género e igualdad de género, a fin de reorientar las partidas presupuestarias y asignar los recursos para brindar las respuestas adecuadas. La cifra de 97 femicidios en lo que va del año, registrada por el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación[1] se incrementa a 117 femicidios en los datos aportados por el movimiento de mujeres, en particular, del Observatorio Ahora que sí nos ven[2]. Ambas estadísticas expresan la gravedad de la situación.
La crisis económica devenida de los años de aplicación de políticas neoliberales favoreciendo los interesen de empresarios multinacionales y del capital local concentrado cercano al gobierno de CAMBIEMOS, así como la profundización del endeudamiento externo, el desmantelamiento de programas sociales y de salud y otra medidas que fueron denunciadas oportunamente por los organismos de derechos humanos y las centrales sindicales, se caracterizan por el fenómeno de infantilización y feminización de la pobreza, dado que un gran porcentaje de mujeres son jefas de hogar en familias mono o pluriparentales, y el impacto de la altísima y desmedida inflación provocada por un mercado desquiciado y concentrado impacta en las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres de las barriadas humildes de las grandes ciudades, en las mujeres de las zonas rurales y campesinas, de las comunidades de los pueblos originarios.
Los derechos sexuales y reproductivos no están ajenos al impacto regresivo de la pandemia y la crisis del sistema. Las organizaciones del movimiento de mujeres y las funcionarias feministas incorporadas a los gobiernos Nacional y provinciales han tenido que reclamar la continuidad del protocolo de ILE – interrupción legal del embarazo – dado que su suspensión en función de la cuarentena hacia peligrar su necesaria y rápida realización. En este tema vemos también con preocupación que los derechos alcanzados con la Ley de Parto respetado, donde entre otras cosas se garantizaba a las personas gestantes el acompañamiento de alguna persona referente afectivo durante el preparto, el parto y el posparto han quedado relegados por la “carencia de insumos de protección personal”. Reorganizar la asistencia, dado que se han cerrado algunos centros de atención donde las embarazadas hacían sus controles y preparación para dar a luz y parto. Exigir los cinco controles presenciales con profesionales. Indicar los lugares de circulación para las parturientas de bajo riesgo, dado que las maternidades se encuentran en espacios donde hay riesgo de contagio de enfermedades.
La APDH presente en los Foros Participativos convocados de manera virtual por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, para la elaboración del Plan Federal de prevención de la Violencia establecido en la Ley 26485, ha señalado la necesidad de adoptar medidas tendientes a dar respuestas más agiles e integrales. Por todo ello proponemos:
1. Reclamar que el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales tomen las medidas necesarias a fin de priorizar y reasignar partidas presupuestarias para las áreas mujer de cada distrito y jurisdicción. Incrementar los presupuestos sociales con mirada de género, estableciendo el porcentaje necesario a incluir para el área mujer y los programas específicos dentro el Presupuesto general de recursos tanto nacional como locales
2. Solicitar que las áreas Mujer tanto a nivel nacional como locales integren los Comités de crisis ante la emergencia del Coronavirus.
3. Promover la creación de áreas de la mujer y género en aquellos distritos que no cuenten con las mismas
4. Crear y -allí donde existan- fortalecer los patrocinios jurídicos integrales a fin de evitar la dispersión y la soledad en que se mueven las víctimas en los ámbitos judiciales.
5. Incorporar como objetivo a mediano plazo la organización del Fuero especializado en violencia de género a fin de unificar las denuncias civiles y penales.
6. Dar prioridad a las víctimas de violencia al acceso a la vivienda, tema que obstaculiza la autonomía de las mujeres y les impide muchas veces romper con el vínculo violento, para ello tener en cuenta la realidad de algunas provincias en las cuales conviven en los hogares más de una familia o al lado de la familia del agresor. Crear los refugios para brindar alojamiento en la emergencia en las provincias en las cuales todavía no existe ninguno.
7. Establecer asignaciones económicas específicas que permitan a las mujeres y disidencias contar con un recurso económico propio hasta su inserción en el mundo laboral. Sobre todo, celeridad en el acceso a los programas ya existentes y en la resolución igualmente rápida de problemas relacionados a programas de los cuales son beneficiarias mujeres, niñes y personas trans.
8. Resolver los problemas de conectividad digital que viven muchos distritos y en particular los sectores populares, tendiendo a una cobertura gratuita para los sectores vulnerables, y a futuro hacia toda la sociedad.
9. Generar acciones educativas virtuales con un enfoque de mayor creatividad, superando el enfoque sustitutivo de las clases tradicionales, dado que se está generando en las familias un fuerte nivel de estrés y posibles diferencias sociales en cuanto a la evaluación de las mismas.
10. Apoyar los proyectos de ley tendientes a lograr la emergencia en materia de violencia de género, entre ellas las presentadas por la senadora Norma Durango a nivel nacional y otras locales como la de la diputada local Laura Velasco de la Legislatura porteña.
11. Apoyar las propuestas legislativas tendientes a establecer una nueva fuente de ingresos para hacer frente a la crisis provocada o acentuada por la pandemia, como el gravamen para las grandes fortunas en debate actualmente en el Congreso Nacional.
12. Impulsar todas las medidas necesarias para una mayor redistribución del ingreso y de la riqueza, así como la preservación de un ambiente sano, y el desarrollo de actividades económicas que promuevan la cooperación y el mutualismo, las empresas con participación social, y la explotación de los recursos naturales necesarios para la vida y el bienestar de la sociedad, sin daños ambientales superando la megaminería y el extractivismo. En este sentido promover la adquisición por parte del Estado Nacional y los Estados provinciales de los alimentos y recursos provistos por los sectores de la economía popular.
13. Incluir en la planificación de las campañas de prevención de la violencia por razones de género y acceso a la información necesaria, a las personas con discapacidades y a las personas no alfabetizadas.
Como señalo Noam Chomsky[3] “esta crisis es el enésimo ejemplo del fracaso del mercado”, nuestras energías militantes y políticas deben estar dirigidas a oponernos a cualquier forma de concentración de la riqueza y del consiguiente aumento de la desigualdad.
Desde la perspectiva feminista enraizada en las luchas populares y por los derechos de las y los que menos tienen, la lucha por la igualdad entre los géneros y por la erradicación de las violencias se enlaza con las luchas sociales contra toda forma de opresión.
Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
CABA, 5 de mayo 2020