Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario condenamos la peligrosa ligereza con la cual se alienta a la posesión de armas de fuego en la población civil, por parte de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ligereza de la que intenta rápidamente desprenderse, sin conseguirlo y que desnuda las internas políticas en juego pues se contrapone con la política de desarme del Ministerio de Defensa. Y agudiza la interna con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
"El que quiera estar armado que ande armado, el que no quiere que no ande armado, la Argentina es un país libre". Con esta frase altamente irresponsable por su nivel de decisión en la vida cotidiana de los y las ciudadanos/as, Bullrich se refirió a la decisión de civiles que ante el presunto “avance del delito”, deciden portar un arma .
Cuando la Ministra habla de "...cambiar el paradigma de apoyar el victimario, para apoyar a las víctimas, que la política de seguridad no sea una política de derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas..." es un eufemismo de la materialización de la criminalización del legítimo derecho a la protesta.
Reducir a un “tema de personas” el uso de armas que el Estado debe reglamentar no es inocente. Es de ponderable gravedad jurídica e institucional, con graves consecuencias en las vidas cotidianas. Librar a la voluntad de las personas el uso de armas rompiendo el contrato social tan duramente conseguido, es violentar a la sociedad y al mismo tiempo destituyente del orden del derecho . Objetivo: justificar la intervención armada.
No podemos guardar silencio ante estos presuntos exabruptos momentáneos que en realidad son blanqueos de las verdaderas intenciones del gobierno.